Cambiemos la Constitución

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Si una mayoría contrastada de ciudadanos residentes en Cataluña está decidida a separar ese territorio de España, habrá que tenerlos en cuenta. De un modo frío, racional y usando el diálogo para entendernos.

Una de las primeras cosas que hay que entender es que la autodeterminación no es un derecho, sino una opción. Un derecho es algo que se adquiere (por lo general a la fuerza, contra alguien) o que se pacta. Por ejemplo, la Constitución.

La mejor manera de empezar a “solucionar” el “problema” de Cataluña (las comillas se deben, claro, a que el “problema” es de unas pocas personas, al menos que se sepa, porque las manifestaciones y las cadena humanas no muestran más que el estado emocional de masas mostrencas) es planteándolo en el marco adecuado, el constitucional.

Aceptar por las buenas un sufragio sobre la autodeterminación y separación de Cataluña rompería la legalidad y daría lugar a una sucesión de referéndumes previsibles: País Vasco, acaso Galicia, pero también Cantabria, Asturias, Madrid, Baleares, Valencia… Y, ¿por qué no?, ciudades y pueblos, cooperativas agrícolas e industriales con suelo en propiedad y comunidades de vecinos.

Aducir derechos históricos es una falacia insostenible, porque según esa lógica, parte de Huelva y de Cádiz podrían echar mano de Tartesos, media Extremadura, Salamanca y Zamora, más la parte correspondiente a esa zona en Portugal, podrían tener la ocurrencia de mentar a Lusitania, y así hasta límites tan absurdos como los delirios del proponente.

Cambiar la Constitución no sólo es el mejor remedio a estos males identitarios, sino el único.

El problema es que nuestra clase política no hace el menor caso a las voces que proceden de la ciudadanía sin adscripción ideológica. Toda la clase política quiere decir los políticos que ejercen en la escala institucional y viven de ella. Esta resistencia es natural, ¿para qué cambiar las reglas de un juego que les favorece solo a quienes lo practican mientras los demás miramos?

Cambiar la Constitución supone decidir entre monarquía o república, debatir el marco territorial, obligar a los políticos y a sus aparatos a atenerse a la ley, adaptar el Congreso a los intereses de los ciudadanos y no de sus usufructuarios los políticos, modificar la ley electoral, ceñir a las grandes fortunas y las grandes corporaciones a un marco legal nítido, estrecho, del que no puedan escapar con sus tesoros o sus intereses intactos a cuenta del contribuyente común. Todo esto y mucho más.

Y también, decidir pública y libremente qué hacemos con Europa, esa que nos impone leyes, reglamentos y estrategias políticas y económicas que deciden un puñado de individuos, que han escalado hasta la cumbre sin que nadie sepamos cómo y a qué precio.

Cambiemos la Constitución. Y aprovechemos para trocear España, si así lo deciden los ciudadanos. Pero, por favor, acabemos con esta algarabía emocional que puede arrastrarnos a un conflicto indeseable.

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